SANTO DOMINGO. El ministro de Educación, Andrés Navarro, tocó anoche la campana del primer round frente a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ante los continuos paros de docencia en algunos distritos escolares, que a juicio de las autoridades educativas han afectado de manera grave el calendario escolar.
Y el “derechazo” de Educación ha sido el de suspender los mecanismos de diálogo que mantenía desde diciembre pasado con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP, a raíz del apoyo expresado ayer por el presidente del gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, a las huelgas de maestros en varias comunidades, en específico a las de Barahona.
La seccional de la ADP de Barahona fue penalizada por un juez a pagar un astreinte de RD$50,000 por día de docencia interrumpida en el Distrito Escolar 01-03, luego de que varias asociaciones incoaran un amparo bajo el alegato de que se viola el derecho a la educación. Esta decisión judicial, dijo Hidalgo, será recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Esta posición de la ADP, a juicio del ministro de Educación, viola el acuerdo firmado el pasado 15 de marzo por esa organización con el MINERD, en el que se dispuso un aumento de un 10%
“Mientras el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP mantenga su apoyo a las acciones de alteración del horario y calendario de año escolar en los Distritos Educativos que han desconocido el acuerdo firmado, cuestionando su propia autoridad, queda suspendida la labor de las mesas de trabajo conjunto, como mecanismos de diálogo”, enfatizó en una extensa declaración en la sede del MINERD.
Mencionó que la situación de Barahona es similar en los Distritos Educativos de San Juan de la Maguana (02-06), en San Juan, y de Esperanza (09-02), en Mao.
Sanciones
Ante la pérdida de docencia, Navarro advirtió que se aplicarán sanciones diversas a los profesores y que contemplan hasta la cancelación laboral.
Dijo que se ha iniciado el proceso para aplicar en lo necesario medidas previstas en la ley, “para responder a la indisciplina laboral del personal docente que no cumpla con su labor”, y citó la amonestación, la suspensión y el bloqueo del salario, y la desvinculación definitiva del sistema educativo.
Apuntó que de continuarse los paros de docencia, el Ministerio de Educación cuenta con unos 6,400 docentes identificados y que previamente han sido avalados por concurso para ser contratados con el fin de llenar vacantes.
Para conocer y aprobar estas medidas explicó que ha sido convocado de urgencia el Consejo Nacional de Educación, que también examinará la necesidad de que sea extendido el calendario escolar en los Distritos afectados, luego de que sean verificadas las horas de docencia perdidas.
El funcionario también dijo que las autoridades educativas están preparadas para “una situación extrema”, pero que tiene la esperanza de que prime la cordura.
ADP: renovar la lucha
Más temprano, el presidente de la ADP informó que, además de recurrir la sentencia judicial en Barahona, desarrollarán “nuevas y novedosas acciones de lucha que involucren a las 155 seccionales (a nivel nacional) en la defensa del derecho a la libertad sindical y la protesta social”, exigiendo respuestas a sus exigencias por aumento salarial, la falta de condiciones de los planteles y de la calidad de los alimentos.
“Esta sentencia no sólo afecta a la ADP, sino que judicializa las acciones de protestas de todas los trabajadores organizados del país”, afirmó Hidalgo.
Apuntó como una de las medidas novedosas a tomar orientar “a los maestros y las maestras a nivel nacional, a vestirse con una prenda azul cada lunes y viernes, por la unidad y la libertad sindical” y “cada miércoles vestirse con una prenda de color negro” en rechazo a la sentencia”.
Agregó que se enviará el caso judicial por ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para reclamar el respecto a las Normas Jurídicas establecidas en convenios Internacionales, “como son los Artículos 87 y 98 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y negociación colectiva”.
Entre otras iniciativas de lucha gremial, el dirigente magisterial anunció que convocó el próximo miércoles a “una cumbre de organizaciones gremiales, sindicales y sociales, a fin de que juntos analicemos las implicaciones que esta sentencia tiene para el Estado de Derecho establecido en la Constitución dominicana y el peligro para el ejercicio de la libertad sindical”.
