A raíz de la conquista social de la puesta en vigor, por parte del Estado, de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto del Ministerio de Educación (Minerd), un digno ejemplo de cómo las aspiraciones de los individuos o sectores pueden traducirse en demandas de la sociedad, el actual Gobierno ha propiciado un necesario e impostergable proceso de transformación en las políticas educativas y en la vida cotidiana de los estudiantes, en el que se destacan aspectos como la sustancial mejora, en cantidad y calidad, de las infraestructuras escolares, la aplicación de un modelo escolar de tanda extendida y la inversión en mejorar la calidad profesional de los docentes.
Estos son logros insoslayables, aunque no suficientes todavía para superar nuestra desventaja en materia educativa ante otros países de la región, que reflejan la capacidad de respuesta del actual Gobierno, presidido por Danilo Medina, ante las expectativas de satisfacción de demandas de importancia trascendental, por parte de la población, para el desarrollo sostenible de la nación y el crecimiento humano.
La firma del “Pacto Nacional para la Reforma Educativa” es el marco, el telón de fondo que ha permitido un clima de consensos entre los sectores público, privado y de la sociedad civil, para que sea notoria la tendencia de mejoras en este ámbito de la vida del país.
Una vez más, Acción Empresarial por la Educación (Educa), ahora con la cooperación técnica y financiera de PREAL, que impulsa el Diálogo Interamericano en Washington, DC, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha efectuado un relevante aporte a la discusión proactiva de un tema de neurálgica importancia para la sociedad como lo es la calidad de la educación.
El informe titulado “El estado de las políticas públicas docentes en República Dominicana: en la antesala de las transformaciones, 2014”, elaborado por un equipo técnico encabezado por Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y la participación de una mesa de expertos integrada por representantes del Mescyt, Miner, Isfodosu, Ideice, UASD, Inafocam, FSE y Fundación INICIA, entre otros, y dado a conocer este año, evidencia que nuestro mayor reto, en la cuestión de la educación, “sigue siendo reducir la brecha entre lo dispuesto en los marcos normativos y la práctica docente en el aula”.
En este sentido, ha sido clara la definición del Estado, luego del pacto educativo, en lo relativo a la necesidad de mejorar la calidad del personal docente, especialmente, su formación inicial.
De ahí deriva un mayor nivel de exigencias para ingresar a la carrera profesoral, como también la aplicación de programas de tutoría para educadores en servicio y la remuneración al personal docente de acuerdo a sus competencias certificadas y como resultado de una evaluación técnica independiente.
Esto se desea, pero la práctica impide convertirlo en realidad, dado que, por ejemplo, un aspecto tan importante como la evaluación del desempeño docente presenta un “evidente sesgo”, por cuanto no incluye la observación directa ni toma en cuenta “el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes”.
Por si fuera poco, las evaluaciones a los maestros no se llevan a cabo de manera regular, y lo peor, “la metodología utilizada considera el auto reporte como un insumo principal”; es decir, que la propia opinión del evaluado pesa más que los indicadores objetivos de resultados probables.
El estudio destruye el mito de los bajos salarios en la educación como causa de su baja calidad, al demostrar que el salario promedio de los docentes en Jornada Escolar Extendida supera en 53% al de egresados universitarios de otras carreras.
